Ayer lunes tuvo lugar la ultima escenificación del desgobierno en que se convirtió nuestro ayuntamiento el mismo día en el que los tres partidos perdedores en las elecciones municipales unieron sus fuerzas con la única finalidad de apartar al partido con mas respaldo social de la alcaldía, sin pararse a pensar si ese matrimonio seria beneficioso para el municipio o no.
Ayer, a un año de las próximas elecciones municipales, el alcalde decidió cesar al concejal socialista como miembro de la junta de gobierno local y revocar sus competencias en la concejalía de urbanismo nombrando en ambos casos al regionalista Miguel Ángel Diez Sierra como su sustituto.
El argumento en el que se basa el alcalde para tomar esta decisión es el hecho de que Roberto Pellón, concejal socialista, esta acusado de haber realizado cuatro edificaciones en su finca (un porche, una leñera, etc…) con posterioridad al año 1990, al parecer de manera ilegal y sin licencia.
Lo cómico (lo seria si no estuviésemos hablando de los encargados de gestionar el día a día del municipio) es la forma en la que se ha gestado esta maniobra. Se lo voy a resumir por partes.
1º- un vecino, miembro de las listas municipales del PRC, solicita una copia de todos los expedientes urbanísticos de Roberto Pellón.
2º-el ayuntamiento le facilita toda la documentación
3º-la madre de dicho vecino presenta una denuncia contra el concejal socialista por las obras efectuadas en un terreno de su propiedad años atrás
4º-el equipo de gobierno abre expediente de adopción de medidas para la protección de la legalidad urbanística contra el señor Pellón.
5º-finalmente el alcalde expulsa al señor Pellón de la concejalía de urbanismo y de la comisión de gobierno por esta situación.
Es decir, un miembro del PRC denuncia para que el alcalde, también del PRC, tenga algún argumento para cesar a su compañero de gobierno. El cese se produce “precisamente” cuando falta un año para las próximas elecciones y la ley no permite que se produzcan mociones de censura. Propio de una película de humor ingles.
La pregunta que nos hacemos en el Partido Popular es evidente. Si el concejal de urbanismo ha sido cesado por estar inmerso en un proceso de ilegalidad urbanística ¿será cesado también el alcalde por encontrarse imputado en los juzgados por un presunto delito? Y ¿será cesado el concejal no adscrito que fue expulsado de su partido por actitud tránsfuga?
Cuando las relaciones se forman de una manera forzada ocurre lo que ha venido ocurriendo en nuestro municipio, que lo ultimo que se mira es el interés de los vecinos, dedicando el tiempo a vigilar al “compañero” de gobierno de turno y terminando la legislatura con un equipo formado por un alcalde imputado en los juzgados, un concejal expulsado de su partido por actitud tránsfuga representandose a si mismo y un concejal expulsado de la junta de gobierno y de su concejalía por ilegalidades urbanísticas.
Juzguen ustedes mismos si estos son el tipo de políticos que merece este municipio.
